MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DO 2010
PROMULGA EL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: "APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO" Y SU SEGUNDA FASENúm. 9.- Santiago, 19 de enero de 2010.- Vistos: Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fechas 24 de junio y 2 de julio de 2008 se suscribió, en Santiago, entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Acuerdo sobre el Proyecto: "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano", y la Segunda Fase, suscrita entre las mismas Partes, el 3 y el 13 de noviembre de 2009.
Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, suscrito con las Naciones Unidas y diversas Agencias Especializadas de esa Organización, y del Acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Especial, ambos publicados en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1960,
Decreto:
Artículo único: Promúlganse el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano", suscrito el 24 de junio y 2 de julio de 2008 y su Segunda Fase suscrita entre las mismas Partes, el 3 y 13 de noviembre de 2009; cúmplanse y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ángel Flisfisch Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores (S).
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Roberto Araos Sánchez, Consejero, Director General Administrativo (S).
GOBIERNO DE CHILE
Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloTítulo del Proyecto:
APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANOBreve descripciónEl presente proyecto tiene por objetivo fortalecer el proceso de modernización judicial en México en el ámbito de la justicia criminal, mediante el traspaso de experiencia y asesoría de expertos chilenos en los ámbitos de legislación procesal, gestión de sistemas judiciales y modernización de la administración de justicia penal.
El proyecto tiene 4 productos principales:
1. Evaluación del Sistema de Justicia Criminal en México y de los Instrumentos del Sistema Judicial Chileno que pueden ser útiles para el proceso de reforma.
2. Asesoría al proceso de elaboración jurídica y tramitación parlamentaria.
3. Asesoría en los diseños de gestión y operacionales.
4. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación política y construcción de consensos.
PÁGINA DE FIRMAS
País: CHILE
| Resultado(s)/Indicador(es) esperados | : | Consolidación de las Instituciones |
| | Democráticas/Chile se consolida como cooperante de países de ingreso medio. |
| Producto(s)/Indicador(es) esperados | : | Creación de espacios para el intercambio de mejores prácticas entre gobiernos de América Latina y El Caribe / Indicador: Número de misiones al exterior y profesionales chilenos comprometidos en la cooperación con países de la región). |
| Agencia de Implementación | : | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
Aprobado por el PNUD.- Benigno Rodríguez, Representante Residente a.i. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.- Fecha: 24 de junio de 2008.- Por el Gobierno de Chile, Alejandro Foxley, Ministro Ministerio de Relaciones Exteriores.- Fecha: 2 de julio de 2008.- Cristina Lazo, Directora Ejecutiva Agencia de Cooperación Internacional de Chile.- Fecha: 30 de junio de 2008.
SECCIÓN I: ELABORACIÓN DEL TEXTO
Capítulo I. Análisis de la situación
Chile ha desarrollado durante la última década un profundo proceso de reforma del sistema de administración de justicia criminal, transitando -con razonable éxito- desde uno de los sistemas más inquisitivos vigentes en América Latina, a uno de tipo acusatorio.
Una de las principales lecciones de la reforma procesal penal chilena, consiste en intervenir profundamente la cultura de los operadores del sistema de justicia, condición indispensable para hacer operativos los cambios requeridos.
Ello no se logra simplemente a través de las modificaciones normativas, sean constitucionales o legales, sino complementando dichas transformaciones con nuevos diseños organizacionales para cada una de las instituciones del sector, que sean adecuados para las nuevas funciones que se les encomienda, con una profunda reestructuración de la gestión de esas mismas instituciones, y con una capacitación de todos los intervinientes que al mismo tiempo de transmitirles el nuevo sentido de su rol les entregue imágenes muy ciaras y simples sobre cómo deben desarrollarlo. Al mismo tiempo se hace necesario preparar a la sociedad en su conjunto para el nuevo sistema, lo requiere de activas y estratégicas campañas de difusión.
Por tales razones, en el desarrollo del nuevo sistema adversarial, Chile ha incorporado el uso masivo de las nuevas tecnologías, en materia no sólo de registro, sino también de administración de casos, organización de audiencias y del despacho judicial.
Adicionalmente, en Chile se adoptó la decisión de crear nuevas instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, y de reformar estructuralmente de los tribunales con competencia en lo penal, todo lo cual han constituido factores de gran importancia en el proceso de modernización, especialmente en el mejoramiento de los sistemas de gestión.
Por su parte, en México, desde hace ya algún tiempo se viene discutiendo la transformación del actual sistema, de carácter inquisitivo, y su sustitución por uno nuevo, basado en el modelo acusatorio, que adecuándose a la realidad de ese país, incorpore elementos que incrementen la eficiencia de la justicia criminal, tanto desde el punto de vista de la persecución penal como del respeto de los derechos de imputados y víctimas de los delitos. Ello se ha traducido en procesos de modificación a la Constitución, en el nivel federal, y en legislaciones de estados como Nueva León, Chihuahua y Oaxaca, que han desarrollado sus propias reformas.
La Reforma Constitucional que introduce el sistema acusatorio en México fue aprobada por el Parlamento Federal en el mes de marzo y se encuentra en la actualidad en proceso de ratificación por los Estados. Una vez ratificada por al menos diecisiete de los treinta y un Estados, podrá entrar en vigor.
Por otra parte, y desde el punto de vista de la Oficina del PNUD en Chile, este proyecto se enmarca dentro del área de Cooperación Sur - Sur incluida en el Programa País 2007-2009 que orienta el trabajo de colaboración entre el PNUD y el Gobierno de Chile. El proyecto que aquí se presenta se vincula específicamente con el resultado N° 34 "Chile se consolida como proveedor de cooperación en países de ingresos medios" y también con el N° 37 que busca incentivar la "Consolidación de reformas democráticas enfocadas en el cumplimiento de los derechos humanos, la transparencia del servicio público y los procesos de modernización del Estado".
Asimismo, PNUD viene trabajando con AGCI en diversos proyectos y asistencias preparatorias, con resultados relevantes en relación al fortalecimiento institucional de AGCI y los objetivos comunes de fortalecer el rol de país cooperante de Chile. El resultado de los proyectos en ejecución han demostrado que el trabajo de colaboración tiene ventajas comparativas para ambas instituciones en la materia y que AGCI es una agencia con capacidad para implementar proyectos a nivel nacional según las normativas de ejecución de proyectos nacionales del PNUD.
Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos:
La República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos suscribieron el 26 de enero de 2006 un Acuerdo de Asociación Estratégica, que tiene por objeto fortalecer la relación bilateral mediante el establecimiento de una asociación estratégica en materia política, económica, comercial y de cooperación, el que según señalan, encuentra su fundamento en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de las relaciones entre ambas naciones en todos los ámbitos.
Se agrega que el acuerdo promoverá "la cooperación internacional para el desarrollo que coadyuve al desenvolvimiento de capacidades humanas y al fortalecimiento institucional en áreas identificadas como prioritarias para ambas Partes, así como de terceros países".
El Acuerdo encomendó a la Comisión Especial de Cooperación la ejecución del mismo en este ámbito.
Por su parte, el Artículo 9 del citado Acuerdo, al establecer los objetivos generales de la cooperación señala que las partes establecerán una estrecha y coordinada cooperación bilateral a nivel del sector público, particularmente en los ámbitos público institucional, democracia, derechos humanos, económico, técnico-científico, social y otros relevantes.
Se define como uno de los ámbitos de cooperación las materias relacionadas con derechos humanos y democracia los relacionados con el intercambio de información en materia judicial.
Para ejecutar las acciones de cooperación pactadas en el Acuerdo, las partes constituyeron un Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México destinado a financiar los proyectos y actividades que se definan a través de la Comisión de Cooperación.
Posteriormente el 30 de enero de 2008 se celebró la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Cooperación del acuerdo, en la que se procedió a la revisión de la cartera de Proyectos a ser instrumentados por el Fondo Conjunto de Cooperación, la Comisión aprobó en el capítulo de Cooperación Técnica, con carácter prioritario y en el primer lugar de prioridades el "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano", proponiéndose que fuese la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la instancia que ejecute el Proyecto (Anexo III, Cartera de Proyectos Aprobados por la Comisión de Cooperación).
Finalmente, el 27 de marzo de 2008, se celebró en Ciudad de México la I Sesión Extraordinaria de la Comisión de Cooperación del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile, para el establecimiento del Fondo de Cooperación Conjunto, en la que se estableció que el Proyecto "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano" podría iniciar su ejecución en el 2008 y que para ese efecto, AGCI suscribiría un convenio con el PNUD-Chile. Asimismo se acordó que las actividades y el cronograma del Proyecto podrían redefinirse una vez ejecutada la primera misión a México y analizado el tema con las contrapartes mexicanas que se definan.
Capítulo II. Estrategia
De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior, la experiencia chilena puede constituir un insumo de gran utilidad para la formulación de modificaciones normativas, institucionales y de administración dirigida a incrementar la transparencia, eficiencia y celeridad de la administración de justicia criminal en México. Asimismo, la colaboración de expertos chilenos, puede contribuir a la adecuada solución técnica de algunos de los problemas planteados, sobre la base de la experiencia nacional.
El Objetivo General del proyecto es fortalecer el proceso de modernización judicial en México en el ámbito de la justicia criminal, mientras que el Objetivo Específico es el traspaso de experiencia y asesoría de expertos chilenos en los ámbitos de legislación procesal, gestión de sistemas judiciales y modernización de la administración de justicia penal.
Productos:
1. Evaluación del Sistema de Justicia Criminal en México y de los Instrumentos del Sistema Judicial Chileno que pueden ser útiles para el proceso de reforma.
2. Asesoría al proceso de elaboración jurídica y tramitación parlamentaria.
3. Asesoría en los diseños de gestión y operacionales.
4. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación Política y construcción de consensos.
Actividades por productos
A. Evaluación del Sistema de Justicia Criminal en México y de los Instrumentos del Sistema Judicial Chileno que pueden ser útiles para el proceso de reforma.
Para sentar las bases del trabajo del proyecto es necesario la realización de una misión inicial de reconocimiento del sistema de justicia criminal en México con el fin de, por una parte, analizar la situación actual de los Estados donde comenzará la implementación del nuevo sistema procesal penal y determinar las necesidades de sensibilización, adaptación legal y cambios de gestión en las diversas instituciones involucradas.
Adicionalmente, se requiere claridad sobre los problemas concretos que deben ser resueltos en el funcionamiento cotidiano del sistema actual de justicia penal en México, de cara a los objetivos políticos de la reforma, y, por la otra, para poder adecuar el discurso de la experiencia chilena a la realidad mexicana, cuyas particularidades naturalmente no son idénticas.
El reconocimiento comprenderá el sistema federal y el funcionamiento de la justicia en algunos Estados, los que serán definidos de común acuerdo con la contraparte mexicana, priorizando aquellos en los que se implementará inicialmente el nuevo ordenamiento procesal penal.
Para estos efectos se considerará un análisis de las normas constitucionales, procesales y organizacionales que regulan el procedimiento penal, lo que se contrastará con el funcionamiento real y concreto del sistema de justicia criminal.
Se considera la elaboración de un informe que se refiera al menos al nivel de eficiencia del sistema de justicia penal, la organización y gestión de los tribunales, el grado de oralidad en las diversas etapas de los procedimientos, la situación en que se encuentra la víctima frente a los procedimientos penales.
También se estima imprescindible incorporar en este informe una referencia a la presunción de inocencia y al derecho a defensa en los procedimientos penales, así como al rol que juegan dentro de los procedimientos los recursos procesales, en particular el amparo y su vinculación con las jurisdicciones locales.
Adicionalmente, se analizará la experiencia de la reforma procesal penal chilena, con el propósito fundamental de identificar instrumentos utilizados en su formulación, desarrollo e implementación, que puedan ser adaptados para su utilización y aprovechamiento en el marco del proceso de reforma procesal penal en México.
B. Asesoría al proceso de elaboración jurídica y tramitación parlamentaria.
Se busca en esta parte, prestar colaboración a las autoridades federales y estaduales mexicanas con competencia en el proceso de toma de decisiones, especialmente, en la elaboración de los marcos normativos y su posterior discusión y aprobación.
En el marco de este trabajo se pretende realizar cuatro talleres de discusión centrados en la identificación de los principios e instituciones más relevantes del proceso penal que deben ser considerados a la hora de construir un modelo de naturaleza adversarial, genuinamente oral y contradictorio.
Los talleres se realizarían con grupos de trabajo integrados por los responsables jurídicos de elaborar los proyectos de código procesal penal estadual y federal. Estos talleres debieran asimismo consultar la participación de representantes del mundo académico, asesores parlamentarios, y representantes del poder ejecutivo tanto estadual como federal (Consejeros Jurídicos de la Presidencia, Procurador General de la República, Ministros de Seguridad y Gobernación).
Los talleres estarán divididos en cuatro grandes temáticas diferentes a discutir, cuales son fase de investigación penal, etapa intermedia, etapa de juicio y procedimientos especiales y finalmente sistema de recursos.
Una segunda etapa de trabajo de esta área del proyecto consulta la realización de dos talleres de trabajo con legisladores y asesores legislativos y representantes del poder ejecutivo para orientar y colaborar en el seguimiento y debate de los proyectos de códigos que se hayan presentado en las legislaturas correspondientes, colaborar en la solución de temas complejos del debate parlamentario e ilustrar sobre experiencias comparadas sobre los temas.
C. Asesoría en los diseños de gestión y operacionales
Del mismo modo, se pretende colaborar con las autoridades federales y estaduales que correspondan en la elaboración, costeo e implementación de los diseños organizacionales y de procesos necesarios para implementar los cambios en las instituciones involucradas. Este es -tal vez- uno de los ámbitos en el que la experiencia chilena puede resultar más útil para México, por haber resultado en definitiva particularmente exitoso en el contexto latinoamericano.
En el marco de esta parte del proyecto se realizarán cuatro talleres de discusión en el que se colaborará, con las contrapartes locales que las autoridades Mexicanas decidan, en la identificación de temas críticos que digan relación con diseños y rediseños organizacionales de las instituciones del proceso penal, temas vinculados o la gestión administrativa y de procesos del sistema penal, uso de tecnologías de información, sistemas de traspasos de información, gestión de casos, mecanismos de distribución de cargas de trabajo entre otras temáticas.
Se consulta la realización de cuatro talleres de análisis entre expertos chilenos y expertos mexicanos que sean decididos por las autoridades del Gobierno de México y en los que se estudie los problemas que enfrenta la reforma al proceso penal en México desde la óptica de gestión y administración, revisión de experiencias internacionales exitosas en estas materias entre las que se cuenta la chilena y la sugerencia de cursos de acción por las contrapartes locales del proyecto.
D. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación Política y construcción de consensos
Como señaláramos en la primera parte de este documento, la reforma procesal penal más que un cambio legal es una transformación cultural, lo que requiere de un enorme esfuerzo para que los actores entiendan, compartan e internalicen los alcances de las transformaciones.
A través de este componente se promoverá la generación de consensos entre las principales corrientes políticas de México acerca de la necesidad de reformar el sistema de justicia criminal, a través del intercambio de opiniones y experiencias con líderes de las principales corrientes políticas chilenas.
Se propone el desarrollo de un Seminario desarrollado en Chile, con participación de representantes de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria en México (PAN, PRD, PRI) y de Representantes de Alto Nivel del Equipo Técnico de la Presidencia de la República de México, para la Reforma Procesal Penal, que considere la participación de al menos Consejeros Jurídicos de la Presidencia, Procurador General de la República, Ministros de Seguridad y Gobernación, y de representantes de la Policía, así como otras altas autoridades del Poder Judicial y del sector Justicia. A partir de dicho Seminario se realizará una publicación con los resultados del proyecto, la cual será difundida a los actores interesados.
Se propenderá a que intervengan representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, acerca del proceso político que sirvió de base a la reforma procesal penal en Chile.
Asimismo, se considerará la observación en terreno, por parte de los parlamentarios, del funcionamiento de la reforma procesal penal en Chile, especialmente tratándose de delitos graves y la realización de talleres y reuniones con actores institucionales chilenos de la reforma procesal penal (Poder Judicial, Ministerio Público, Policías y Defensoría Penal Pública).
Capítulo III. Acuerdos de Gestión
Ejecución del proyecto
La ejecución del proyecto la realizará en la Oficina del PNUD en Chile bajo la modalidad de Ejecución Directa (DEX), de acuerdo a las normas establecidas para ello. Esta modalidad implica que el PNUD será el responsable de que los resultados planteados en los componentes del programa sean alcanzados.
Rol del PNUD
La Oficina del PNUD en Chile será la Agencia de implementación del proyecto, siendo responsable de que los resultados planteados en el proyecto sean debidamente alcanzados; deberá brindar apoyo técnico a la ejecución; es responsable de que los resultados del mismo respondan a la calidad definida en el documento del proyecto y de que sus productos sean entregados en los tiempos acordados. Entre otras, deberá ejercer las siguientes funciones:
• Designar al coordinador del proyecto
• Convocar y participar en el Comité Asesor
• Brindar apoyo técnico para la implementación de las acciones del proyecto (Evaluaciones, Asesorías, Sensibilización, Capacitación, Concertación y Construcción de Consensos)
• Asegurarse de la pertinencia y calidad de los productos
• Dar seguimiento continuo a la marcha del proyecto
• Análisis de los productos entregados y elaboración de aportes adicionales en base a las experticias y conocimientos del equipo de especialistas del PNUD.
• Entregar insumos de buenas prácticas internacionales e información de la experiencia comparada a partir de las capacidades instaladas del PNUD a nivel regional e internacional.
Adicionalmente el PNUD Chile apoyará la gestión del proyecto a través de las siguientes acciones: (i) Realizará las contrataciones de personal, consultorías, y otros requerimientos logísticos, que sean necesarios para su ejecución, de acuerdo a los términos de referencia definidos para las acciones contempladas en este proyecto (Evaluaciones, Asesorías, Sensibilización, Capacitación, Concertación y Construcción de Consensos); (ii) la administración financiera del proyecto; (iii) la difusión de los resultados del proyecto; y (iv) el apoyo en la creación de capacidades y la búsqueda de asistencia técnica.
Como recuperación de costos y financiado con cargo a los recursos del presupuesto del proyecto el PNUD aplicará un cargo del 7% de los recursos efectivamente administrados, que comprende los servicios de Apoyo a la Administración General (GMS), mediante un cargo igual a un 4% de los recursos desembolsados por el proyecto, y los servicios de transacción que lleve a cabo el proyecto, de acuerdo a las tarifas estándar de cada servicio, en un monto total que no excederá al 3% de los recursos totales del proyecto.
Rol del Coordinador del Proyecto
El/la Coordinador/a tendrá las responsabilidades operativas respecto a las actividades y resultados pactados en el proyecto. El/la Coordinador/a del Proyecto tendrá entre sus funciones velar por el cumplimiento del plan de trabajo del proyecto y deberá asegurar que se cumplan los procedimientos del PNUD en la implementación de las actividades dentro del marco del proyecto. Entre otras, tendrá las siguientes funciones:
• Mantener al Comité Asesor informado de los avances del proyecto
• Supervisar el diseño, la implementación y puesta en operación del plan de trabajo.
• Preparar los informes de avance del proyecto que le sean requeridos;
• Preparar informes financieros del proyecto que le sean requeridos;
• Solicitar la contratación de y pagos a personas naturales y/o jurídicas que sean necesarias para la implementación de las actividades del proyecto de acuerdo a las normas y procedimientos del PNUD para garantizar la transparencia y eficiencia.
• Definir la estrategia de difusión del proyecto
Comité Asesor del Proyecto
El Comité Asesor del Proyecto, tendrá la finalidad de apoyar la ejecución del proyecto, monitoreando la obtención de los resultados y especialmente el seguimiento de las líneas estratégicas del proyecto para garantizar que éstas sean consistentes con los objetivos del proyecto.
El Comité será integrado por representantes del Gobierno de México, representantes del Gobierno de Chile y del PNUD; y por el Coordinador del proyecto, que actuará como Secretario del mismo.
El Comité se reunirá periódicamente, por citación a través del Secretario. En cualquier caso, al menos habrá dos sesiones durante la vida del proyecto. En dichas reuniones se presentará y analizará la marcha del proyecto durante el periodo respectivo, sus integrantes recibirán con anticipación la documentación relativa a la ejecución del proyecto, los resultados obtenidos, el cumplimiento de los objetivos, etc.
Los miembros del Comité podrán expresar en dichas reuniones, o mediante documentación escrita, sus puntos de vista sobre estas materias, sus preguntas, recomendaciones y sugerencias.
Cláusula de dolarización
El valor de toda contribución recibida por el Programa de las Naciones Unidas, en el marco de este Acuerdo y que se efectúe en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de hacerse efectivo dicho pago. Si hubiera una variación en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas, antes de que el PNUD utilice la totalidad del importe abonado, el saldo se ajustará de acuerdo al valor de la moneda a dicha fecha.
Si se registrara una pérdida en el valor de dicho saldo de fondos, el PNUD informará al Donante, con miras a determinar si el Donante ha de aportar más financiación. Si no se dispusiera de dicha financiación adicional, el PNUD podrá reducir, suspender o rescindir la asistencia al programa/proyecto. En tanto de existir un aumento en el valor de dicho saldo, este será destinado o los proyectos para complementar sus actividades, de común acuerdo con el donante.
Todas las cuentas y todos los estados financieros se expresarán en dólares de los Estados Unidos. El tipo de cambio utilizado en cada caso corresponderá al tipo de cambio mensual fijado por Naciones Unidas en Chile. No obstante lo anterior, los pagos a los proveedores serán hechos en moneda local.
En caso que los aportes totales superen este monto total referencial, será necesario realizar una Revisión Presupuestaria del proyecto, según normas del PNUD.
Capítulo IV. Seguimiento y evaluación
La supervisión y evaluación del proyecto serán dirigidas de acuerdo a procedimientos establecidos del PNUD. Los siguientes puntos resumen los principales componentes del Plan de Supervisión y Evaluación.
La supervisión diaria de los avances en la implementación del proyecto será de responsabilidad del/la Coordinador/a del Proyecto, basado en el Plan de Trabajo del proyecto y sus indicadores. El/la Coordinador/a informará a la Oficina de Chile del PNUD y al Comité Asesor sobre cualquier retraso o dificultad enfrentada durante la fase de implementación, de modo de tomar las medidas correctivas o de soporte adecuados, oportuna y eficazmente.
La supervisión periódica del avance de la implementación será llevada a cabo por la Oficina de Chile del PNUD, a través del Comité Asesor del proyecto. Esto permitirá a las partes evaluar y solucionar cualquier problema relativo al proyecto de manera oportuna para asegurar la implementación fluida de las actividades del proyecto.
Evaluación externa y auditorías anuales. Como parte de los requisitos formales del PNUD se contempla una evaluación externa durante el ciclo del proyecto para evaluar sus resultados y funcionamiento, la cual será realizada por PNUD. En términos administrativos y financieros es mandatario realizar auditorías anuales de cada proyecto implementado por el PNUD, la que se realizará con cargo al Proyecto al final de su ejecución.
Informe anual del proyecto: El/la Coordinador/a Proyecto informará anualmente sobre los logros y efectos directos del proyecto mediante la preparación de los Informes Anuales del Proyecto (IAP) después de consultar con las partes interesadas y los beneficiarios. El primero de estos informes hace referencia al año 2008 y el segundo corresponderá al Informe Final de 2009. La Oficina de País del PNUD en consulta con el Comité Asesor del proyecto, utilizará el IAP para evaluar el rendimiento de la gestión del proyecto y para determinar las estrategias para el futuro.
La Oficina de País del PNUD integrará el proyecto en su Marco de Resultados Estratégicos (MRE, en inglés SRF). El IAP es un bloque importante de construcción de la Revisión Anual de la Oficina de País del PNUD que se introduce en los informes sobre resultados y efectos directos a través del Informe Anual Orientado hacia los Resultados (IAOR, en inglés ROAR).
Informe final del proyecto: A la finalización del proyecto, el PNUD organizará un taller con todas las partes interesadas relevantes para discutir sobre los resultados y efectos directos del proyecto y del camino por delante con una atención especial a la identificación de las lecciones aprendidas a partir de la fase de ejecución. Los resultados del taller se documentarán para su amplia difusión. El taller sirve como base para el informe final del proyecto después de los procedimientos arriba mencionados.
Análisis de riesgos
Capítulo V. Contexto legal
Este proyecto será el instrumento referido como tal en el Artículo 1 del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, firmado el 15 de enero de 1957, entre el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO, OACI, UIT y OMM. El país anfitrión y las agencias de ejecución e implementación deben remitirse a la Agencia de Cooperación del Gobierno descrita en el Acuerdo, en lo que se refiere al Acuerdo Básico sobre Normas de Cooperación.
Los siguientes tipos de revisiones podrían tener lugar, luego de una autorización por parte del Representante Residente del PNUD, siempre que él esté absolutamente seguro de que las otras partes firmantes del proyecto no van a objetar los cambios propuestos:
- Revisiones que no involucren cambios significativos en los objetivos, actividades o resultados inmediatos del proyecto, sino que sean un resultado de los cambios en los aportes convenidos, o por causas de aumento en los costos debido a la inflación, y
- Revisiones anuales obligatorias que reconsideren los aportes ya convenidos o la necesidad de incluir a más expertos, u otros costos relativos a la inflación o en relación con la flexibilidad de gastos por parte del organismo de ejecución.
En el contexto legal bajo el cual este proyecto será regulado, es el que se muestra en el Anexo III - Contexto Legal del mismo. También, y para el propósito que se estime conveniente, el Organismo de Ejecución del país anfitrión podrá remitirse a la Agencia de asistencia del Gobierno, según se describe en el mismo Anexo III.
Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los productos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto o por extensión del ciclo del proyecto o modificaciones en el presupuesto del proyecto, se deberán hacer revisiones sustantivas y presupuestarias, las cuales debe firmar tanto el PNUD, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el organismo ejecutor.
Resumen por producto
Sección 3:- Plan de Trabajo Global y Presupuesto
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO
| PAÍS | : | Chile |
| TITULO DEL PROYECTO | : | "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano" |
Resumen
La presente iniciativa se formula con el objetivo de desarrollar la segunda fase del proyecto, "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano". El presupuesto de la segunda fase asciende a USD 265.000, de los cuales USD 250.000 provienen del Fondo de Cooperación Conjunto Chile-México y USD 15.000 del Fondo 11888 del Programa PNUD-Chile.
Aprobado por: Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (S).- Fecha: 13 de noviembre de 2009.- Directora Agencia de Cooperación Internacional de Chile.- Fecha: 13 de noviembre de 2009.- Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.- Fecha: 3 de noviembre de 2009.
TABLA DE CONTENIDO
| A. | OBJETIVO | | 2 |
| B. | CONTEXTO | | 2 - 3 |
| C. | JUSTIFICACIÓN | | 3 - 5 |
| D. | PLAN DE TRABAJO | | 6 - 7 |
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO
A. Objetivo
El objetivo de la segunda fase del proyecto, es apoyar los resultados obtenidos en la primera fase, a través de nuevas actividades que se desarrollarán hasta el 30 de junio del 2010, para lo cual se dispondrá de un presupuesto de USD 265.000, de los cuales USD 250.000 provienen del Fondo de Cooperación Conjunto Chile - México y USD 15.000 del Fondo 11888 del Programa PNUD-Chile.
B. Contexto
En el marco del Fondo de Cooperación Conjunto creado bajo el alero del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile, se aprobó el Proyecto "Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano", el cual inició la primera fase de su ejecución en el 2008. Para ese efecto, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) firmó un documento de proyecto con la Oficina en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fecha 2 de julio del año 2008.
Dicho proyecto planteó 4 productos principales:
1. Evaluación del Sistema de Justicia Criminal en México y de los Instrumentos del Sistema Judicial Chileno que pueden ser útiles para el proceso de reforma.
2. Asesoría al proceso de elaboración jurídica y tramitación parlamentaria.
3. Asesoría en los diseños de gestión y operacionales.
4. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación política y construcción de consensos.
En relación con el primer producto inicialmente previsto en el Proyecto, la Evaluación del Sistema de Justicia Criminal en México y de los Instrumentos del Sistema Judicial Chileno que pueden ser útiles para el proceso de reforma, se desarrollaron seminarios, pasantías y talleres destinados a levantar experiencias comunes e identificar productos aplicables al Sistema Penal Mexicano. Estas actividades se realizaron tanto en México como en Chile. Para este último caso se ha privilegiado una metodología de "shadowing" en fiscalías, defensorías y tribunales nacionales, acompañando a operadores del sistema en sus actuaciones diarias (audiencias, gestiones, juicios y procesos de trabajo, entre otros).
En lo concerniente al segundo producto, la asesoría al proceso de elaboración jurídica y tramitación parlamentaria, se fortaleció la actividad legislativa con la experiencia desarrollada en Chile, especialmente en el ámbito de atención de víctimas por parte del Ministerio Público y de los organismos policiales chilenos.
Respecto a la asesoría en los diseños de gestión y operacionales, se enfatizó en las visitas realizadas a México y muy particularmente en cada una de las misiones de autoridades mexicanas que visitaron Chile. Este componente ha sido además un módulo clave en las capacitaciones realizadas en Chile y en el Taller de Planificación Operativa desarrollado en Ciudad de México.
Por último, en relación con la sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación Política y construcción de consensos, se destaca la actividad celebrada en México DF, dirigida especialmente a comunicadores y orientada a la sensibilización de la opinión pública en torno al tema. Asimismo, las últimas actividades desarrolladas en Chile -misión de autoridades a Chile y cursos de capacitación de jueces y fiscales- han cumplido tanto el objetivo de sensibilizar como de capacitar, a autoridades mexicanas de primer nivel, pertenecientes al sistema judicial.
C. Justificación
La segunda fase del proyecto comprende el período noviembre 2009 hasta el 30 de junio del 2010 debido a la necesidad de fortalecer y apoyar los buenos resultados obtenidos en la primera, así como a extender sus actividades a instituciones y entidades federativas que no resultaron beneficiadas de la primera fase de su ejecución.
Asimismo, esta segunda fase se justifica debido a la programación de actividades, las cuales aparecen mejor definidas como consecuencia -precisamente- de las actividades llevadas a cabo en la primera etapa y de la profundización de conceptos y experiencias hacia otros actores críticos del sistema penal mexicano, por expresa solicitud de la Secretaría Técnica de lmplementación.
A lo anterior se ha añadido el hecho de extender la acción del Proyecto a nivel estadual, vigorizando con ello la acción hacia las entidades federativas del sistema de Justicia y legislaciones secundarias.
En esta segunda fase del proyecto, se persigue fortalecer los resultados provenientes de la primera fase, a través de nuevas actividades para lo cual AGCI hará un aporte adicional al proyecto por un monto de US$250.000 para financiar estas actividades y el PNUD aportará USD 15.000 para financiar la sistematización de la experiencia y su evaluación externa.
Productos:
1. Asesoría y capacitación en los diseños de gestión y operacionales.
2. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación política y construcción de consensos.
Actividades por productos:
1. Asesoría y capacitación en los diseños de gestión y operacionales
Se pretende colaborar con las autoridades federales y de las entidades federativas que correspondan en la elaboración, costeo e implementación de los diseños organizacionales y de procesos necesarios para implementar los cambios en las instituciones involucradas.
En el marco de esta sección del proyecto se realizará un taller de planificación operativa que tendrá como objetivo general elaborar, en conjunto con los representantes de algunas entidades federativas, un plan detallado de trabajo que permita llevar adelante en forma integrada todos los elementos relacionados con el diseño, la tramitación legal, la implementación y la evaluación de resultados de la reforma procesal penal.
A través de este taller se pretende colaborar con las contrapartes locales que las autoridades mexicanas designen en la identificación de temas críticos que digan relación con diseños y rediseñas organizacionales de las instituciones del proceso penal, temas vinculados a la gestión administrativa y de procesos del sistema penal, uso de tecnologías de información, sistemas de traspasos de información, gestión de casos, mecanismos de distribución de cargas de trabajo entre otras temáticas.
Respecto de la capacitación de operadores en el nuevo sistema, se desarrollará un curso en Chile. dirigido a defensores públicos mexicanos, de características similares al desarrollado para jueces y fiscales. Dicho curso buscará introducir a veinte defensores, pertenecientes a distintas entidades federales y federativas de ese país, en torno a los lineamientos generales de la reforma procesal penal vigente en Chile.
Adicionalmente, se colaborará en el desarrollo de visitas de autoridades pertenecientes al sistema judicial de diversas entidades federativas de México para interiorizarse en el sistema procesal chileno.
2. Sensibilización de autoridades, capacitación de operadores en el nuevo sistema, concertación política y construcción de consensos.
A través de este componente se promoverá la generación de consensos políticos y técnicos en México acerca del proceso de implementación de la reforma a la justicia criminal a través del intercambio de opiniones y experiencias con autoridades chilenas y con personas de destacada participación en el proceso de diseño e implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile.
Se propone el desarrollo de una misión de autoridades judiciales chilenas de alto nivel en México, con participación de la Corte Suprema de Chile, dirigida fundamentalmente a la Judicatura federal y, de algunas entidades federativas de la Unión.
Asimismo, se prevé el desarrollo de un Seminario Internacional, en junio de 2010, con ocasión de celebrarse el segundo aniversario de la Reforma Constitucional que introdujo en México el sistema acusatorio.
D. Plan de Trabajo Productos Reformulados
