(CVE 2635159)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
SENTENCIA DE 18 DE JUNIO DE 2024 (Fondo, Reparaciones y Costas)
RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA
El 18 de junio de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte Interamericana", "Corte" o "Tribunal") dictó Sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República de Chile (en adelante "Estado" o "Chile") por las violaciones a distintos derechos humanos cometidas con ocasión del proceso penal contra 135 personas integrantes del Pueblo Indígena Mapuche, en el contexto de las acciones emprendidas por la organización Consejo de Todas las Tierras en el periodo 1989-1992, con el objeto de exigir la reivindicación de sus derechos.
La Corte Interamericana determinó que la actuación del ministro en visita extraordinaria (autoridad judicial designada por la Corte Suprema chilena para conocer del proceso penal), que formuló la acusación y dictó la sentencia de primera instancia, estuvo guiada por un sesgo discriminatorio, prejuicios y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegal de la organización Consejo de Todas las Tierras. Asimismo, en el trámite del proceso y en la sentencia fueron inobservadas distintas garantías judiciales, a saber: a) se prohibió la divulgación por cualquier medio de difusión de la información concerniente a la causa penal; b) no se proveyó de traductor o intérprete a una de las personas acusadas, quien no hablaba español, idioma en el que se desarrolló la causa; c) la sentencia omitió pronunciarse sobre la situación jurídica de seis personas que habían sido acusadas; d) dos personas no incluidas en la acusación fueron condenadas; e) se aplicó el tipo penal de asociación ilícita, cuya regulación vigente en la época de los hechos no definía con claridad y precisión la conducta penalmente reprochada; f) al condenar a una persona por el delito de hurto se aplicó una norma legal que presume la autoría del ilícito por el hecho de estar en posesión del objeto que se imputa como hurtado, y g) la sentencia condenatoria incluyó una valoración incompleta y subjetiva de la prueba, careciendo de una motivación que racionalmente demostrara la convicción judicial sobre la responsabilidad de las personas acusadas.
El Tribunal también estableció que el proceso penal configuró la criminalización de los actos de protesta social pacífica emprendidos por las víctimas en su objetivo de demandar y exigir soluciones a los reclamos permanentes relacionados con la problemática agraria que ha afectado al Pueblo Mapuche.
* Integrada por la siguiente composición: Nancy Hernández López, Presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ricardo C. Pérez Manrique y Verónica Gómez. Presente, además, la Secretaria adjunta, Gabriela Pacheco Arias. La Jueza Patricia Pérez Goldberg, de nacionalidad chilena, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de la Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte. El Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, de nacionalidad chilena, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia.
En consecuencia, la Corte declaró que Chile vulneró los siguientes derechos: a) en perjuicio de las 135 víctima incluidas en el Anexo 1 de la Sentencia, los derechos a ser juzgado por un tribunal imparcial, a contar con decisiones judiciales debidamente motivadas, a la presunción de inocencia, a la publicidad del proceso, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales; b) en perjuicio de Nelson Rolando Catripán Aucapán, Ceferino Óscar Huenchuñir Nahuelpi, Werneher Alfonso Curín Llanquinao, Víctor Manuel Reimán Cheuque, Orosman Ernesto Cayupán Huenchuñir y Lorenzo del Carmen Reimán Muñoz, los derechos a ser oído en un plazo razonable, a la seguridad jurídica que debe derivar del proceso y a la protección judicial; c) en perjuicio de Juan Bautista García Catrimán y Juan Humberto Traipe Llancapán, los derechos a ser oído con las debidas garantías, a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa, y a la protección judicial; d) en perjuicio de Juana Santander Quilán, los derechos a ser asistida por un traductor o intérprete si no se comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal, y a la protección judicial; e) en perjuicio de Aucan Huilcamán Paillama, Ernesto Gerónimo Huenchulaf Cayuqueo, Erwin Llancao Huenchual y María Luisa Ladino Alian, el principio de legalidad, y f) en perjuicio de Hugo Genaro Catrinao Reimán, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de legalidad. En tal sentido, el Estado violó los artículos 8.1, 8.2, 8.2.a), 8.2.b), 8.2.c), 8.5, 9, 13.1, 13.2, 15, 16.1, 16.2, 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención"), en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Asimismo, el Estado violó, respectivamente, los artículos 8.2 y 9 de la Convención, por la aplicación del tipo de asociación ilícita y de una norma penal que presume la autoría del imputado, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que establece el artículo 2 de dicho tratado.
I. Reconocimiento de responsabilidad internacional
Chile reconoció su responsabilidad internacional por los hechos siguientes: a) la inclusión, en la acusación formulada por el ministro en visita extraordinaria (en adelante "ministro en visita") de consideraciones que deslegitimaban las demandas del Pueblo Mapuche y los reclamos que formulaban por el reconocimiento de sus autoridades y formas de organización; b) la decisión de dicha autoridad judicial de prohibir la divulgación de la información concerniente a la causa penal; c) la comunicación efectuada por el ministro en visita a la universidad en la que estudiaba el señor Aucan Huilcamán Paillama, a fin de informar que se encontraba sometido a proceso penal; d) la omisión, en el trámite de la causa penal, de proveer un intérprete a la señora Juana Santander Quilán, quien no hablaba español; e) la falta de pronunciamiento, por parte de la autoridad judicial, acerca de la responsabilidad penal o no de Nelson Rolando Catripán Aucapán, Ceferino Óscar Huenchuñir Nahuelpi, Werneher Alfonso Curín Llanquinao, Víctor Manuel Reimán Cheuque, Orosman Ernesto Cayupán Huenchuñir y Lorenzo del Carmen Reimán Muñoz, quienes fueron acusados oportunamente; f) la condena dictada respecto de Juan Humberto Traipe Llancapán y Juan Bautista García Catrimán por el delito de usurpación, a pesar de que no habían sido incluidos en la acusación correspondiente, y g) la condena proferida por los delitos de usurpación y asociación ilícita sin considerar que los hechos reprochados penalmente configuraron actos de reclamo en el marco de una protesta social.
En relación con tales hechos, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos al principio de igualdad y no discriminación, a ser juzgado por una autoridad imparcial, a ser oído en un plazo razonable, a la seguridad jurídica, a ser asistido por un traductor o intérprete si no se comprende o habla el idioma del tribunal, a la comunicación previa y detallada de la acusación, a la publicidad del proceso, la libertad de pensamiento y de expresión y la libertad de asociación.
La Corte valoró el reconocimiento de responsabilidad efectuado y señaló que constituye una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.
En virtud de que el reconocimiento del Estado fue parcial, el Tribunal se pronunció respecto de distintas controversias que subsistían.
II. Hechos
A. El Pueblo Indígena Mapuche, problemáticas que ha enfrentado y reclamaciones efectuadas
La población indígena de Chile está conformada por distintos pueblos, uno de los cuales es el Pueblo Mapuche, cuyos integrantes hablan el idioma mapudungun y representan la mayor cantidad de población indígena a nivel nacional.
Los pueblos indígenas en Chile han enfrentado variados problemas que afectan negativamente su desarrollo y el ejercicio efectivo de sus derechos. Estos problemas, que se remontan a siglos atrás e inciden particularmente en el Pueblo Mapuche, se encuentran asociados, entre otros factores, al reconocimiento de la propiedad de la tierra y al acceso y explotación de los recursos naturales. Estos problemas han derivado en diversos actos de reclamo, manifestaciones y protestas sociales, dirigidos a exigir una adecuada atención y respuesta por parte de las autoridades del Estado.
B. Acontecimientos ocurridos en el periodo 1989-1992
En el contexto de la transición a la democracia, el 1 de diciembre de 1989, con ocasión de la campaña para la elección presidencial, el entonces candidato Patricio Aylwin (quien después sería electo Presidente de la República), suscribió con distintas organizaciones indígenas el "Acuerdo de Nueva Imperial", mediante el cual se comprometía a impulsar un conjunto de reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, quienes, por su parte, canalizarían sus demandas por conducto de las instancias y mecanismos de participación correspondientes. No obstante, algunas organizaciones del Pueblo Mapuche no se sintieron reconocidas en dicho proceso, por lo que emprendieron distintas acciones para hacer manifiestos sus reclamos.
En 1990 surgió la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las Tierras, autodefinida como organización estructural histórica de la "nación Mapuche", cuyos objetivos, según refiere la propia organización, incluyen exteriorizar la presencia de un pueblo nación Mapuche distinto al pueblo de Chile, dar a conocer "la historia de negación" que ha vivido el Pueblo Mapuche, y "reivindicar las tierras que le han sido usurpadas".
Para 1992, en el marco del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a los territorios americanos, se hicieron expresos otros actos de reclamo por parte de integrantes del Pueblo Mapuche. En tal sentido, los días 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril, se constituyó el Wallmapu Nor Ngulamtuwum o Primer Tribunal Mapuche, cuya finalidad era "demostrar la injusticia histórica" cometida en perjuicio de dicho pueblo.
Dentro de los actos de reclamo emprendidos por el Consejo de Todas las Tierras, entre los días 16 y 20 de junio de 1992 se efectuó la ocupación de diferentes inmuebles localizados en la Región de La Araucanía. Lo acontecido generó distintas acciones por parte de las fuerzas de seguridad (Carabineros), las que procedieron a desalojar a los ocupantes y, en determinadas situaciones, a la detención de varias personas. A partir de ello y de las denuncias presentadas por el Intendente de la Región de La Araucanía, distintos órganos jurisdiccionales iniciaron actuaciones procesales.
C. Proceso penal contra las víctimas
En junio de 1992, el entonces Intendente de la Región de La Araucanía presentó varias denuncias ante las autoridades judiciales, en las cuales afirmó, entre otras cuestiones, que el Consejo de Todas las Tierras había asumido "un discurso mesiánico y maniqueo, y por lo mismo fundamentalista", por el que postulaba la existencia de una "nación Mapuche". Asimismo, se refirió al establecimiento del "Primer Tribunal Mapuche", a partir del cual había dado inicio el "proceso de recuperación de tierras", por el que integrantes de comunidades indígenas habían tomado predios vecinos a sus comunidades. El Intendente calificó los hechos como "usurpaciones de terrenos", denunciando que estas se habrían cometido en octubre de 1991 y junio de 1992.
El 23 de junio de 1992 la Corte Suprema, a petición del entonces Ministro del Interior (Poder Ejecutivo), designó a un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco (autoridad
judicial) en calidad de ministro en visita extraordinaria, a efectos de que asumiera el conocimiento de las actuaciones instadas a partir de las denuncias presentadas.
El 24 de junio de 1992 el ministro en visita asumió la instrucción del proceso, avocándose al conocimiento de distintas causas judiciales a cargo de diferentes órganos jurisdiccionales, las que dispuso acumular. A partir de ello, ordenó la práctica de diferentes diligencias, incluido el allanamiento de la sede del Consejo de Todas las Tierras, ubicada en la ciudad de Temuco. El 4 de diciembre de 1992 el ministro en visita formuló acusación contra 133 personas, a quienes imputó, respectivamente, los delitos de asociación ilícita, usurpación, hurto, desacato, encubrimiento y lesiones.
El 11 de marzo de 1993 el ministro en visita dictó sentencia condenatoria en la forma siguiente: a) 133 personas fueron condenadas por la comisión del delito de usurpación; b) cuatro personas, por el delito de asociación ilícita; c) dos personas, por el delito de desacato; d) cinco personas, por el delito de hurto, y e) 23 personas, por el delito de encubrimiento.
La sentencia calificó a la organización Consejo de Todas las Tierras como "una asociación creada al margen de la ley", a la vez que consideró que todas las ocupaciones emprendidas constituían delitos instigados por dicha organización. Las personas condenadas interpusieron recurso de apelación, el que no fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco en sentencia de 6 de septiembre de 1994, habiendo confirmado, en su esencia, el fallo de primera instancia.
III. Fondo
A. Derechos a las garantías judiciales y a la presunción de inocencia
La Corte Interamericana señaló que la designación del ministro en visita por parte de la Corte Suprema se basó en la normativa procesal interna (artículos 559 a 561 del Código Orgánico de Tribunales), que permite comisionar a una autoridad judicial específica la instrucción y juzgamiento de la causa, en lugar del tribunal ordinario. De igual forma, la acumulación de causas dispuesta por el ministro en visita estaba prevista en la regulación aplicable (artículos 350 bis del Código de Procedimiento Penal y 160 del Código Orgánico de Tribunales).
Sin embargo, el Acuerdo dictado por la Corte Suprema para efectuar tal designación no expresó las razones por las que, en el caso concreto, concurría alguno de los supuestos legalmente establecidos para ordenar tal comisión. El ministro en visita tampoco motivó las razones de su decisión de acumular las distintas causas penales, habiendo omitido indicar los elementos de vinculación o conexión que advertía entre estas para concluir en la procedencia de un mismo trámite y resolución. En ambas situaciones, al tratarse de la alteración de la competencia original, se hacía necesaria la expresión de las razones por las que era viable sustraer las causas del conocimiento de los tribunales ordinarios. En consecuencia, ambos órganos jurisdiccionales inobservaron el derecho a contar con decisiones judiciales debidamente motivadas.
El Tribunal determinó que en la acusación formulada por el ministro en visita fueron incluidas apreciaciones que demeritaban expresamente cualquier elemento de legitimidad en la integración y los fines perseguidos por la organización Consejo de Todas las Tierras, al punto de calificarla, desde el primer momento, como una asociación "de carácter ilegal". Asimismo, la autoridad judicial obvió por completo ponderar el carácter reivindicatorio de las acciones emprendidas por los acusados, es decir, su naturaleza de demandas sociales, dirigiendo su imputación, cual decisión preconcebida, a denotar el reproche penal que aquellas merecían, catalogándolas como delito de usurpación. Por ende, la Corte concluyó que, en el caso concreto, se vulneró el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial debido a la actuación de la referida autoridad judicial en las distintas etapas del proceso (acusación y sentencia), la cual estuvo guiada por el "sesgo discriminatorio", el prejuicio y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegal de la organización Consejo de Todas las Tierras.
La Corte señaló que el fallo del ministro instructor omitió pronunciarse sobre la situación jurídica de seis personas que habían sido previamente acusadas, lo que conllevó la vulneración de los derechos a ser oído en un plazo razonable, a la seguridad jurídica que debe derivar del proceso y a la protección judicial.
Asimismo, el Tribunal consideró que, en lo que atañe a las dos personas que fueron condenadas a pesar de no haber sido incluidas en la acusación formulada, se transgredió frontalmente el derecho de defensa y el conjunto de las garantías procesales, pues se trató de una actuación efectuada ante la falta de pretensión punitiva, por lo que careció de fundamento jurídico y colocó a las víctimas en una total desprotección ante la imposibilidad absoluta de ejercer cualquier mecanismo de defensa.
De igual forma, en cuanto a la persona que no hablaba español y no le fue proporcionado traductor o intérprete en el trámite de la causa, además de violentarse las garantías procesales, se desconoció el derecho de acceso a la justicia, dado que se le impidió, en lo esencial, conocer el objeto de la discusión procesal y, con ello, formular pretensiones en orden a reclamar la debida tutela por parte de la autoridad judicial.
Respecto del tipo penal de asociación ilícita aplicado por el ministro en visita (artículo 292 del Código Penal, vigente para la época de los hechos), la Corte consideró que la regulación legal no definía con claridad y precisión suficientes los elementos constitutivos del delito. Además de no delimitar lo que se entendía por "asociación", incluía expresiones como "atentar contra el orden social" y "atentar contra las buenas costumbres", lo que favorecía la persecución penal arbitraria motivada por finalidades discriminatorias, como sucedió en el caso concreto.
En cuanto al tipo penal de usurpación (artículos 457, 458 y 462 del Código Penal), el Tribunal no determinó una vulneración al principio de legalidad que reconoce el artículo 9 de la Convención.
En lo atinente al tipo penal de hurto (artículo 454 del Código Penal), también aplicado en el caso conceto, la Corte consideró que su regulación invierte la carga de la prueba, presumiendo como autor del ilícito a quien tenga en su poder el bien que se alega habría sido hurtado, en tanto la persona acusada o "su buena conducta anterior" no lograran convencer al juez de lo contrario. Por consiguiente, se estableció la violación al derecho a la presunción de inocencia y al principio de legalidad.
Asimismo, el Tribunal consideró que, aun cuando el fallo de condena emitido por el ministro en visita enumeró una amplia cantidad de diligencias y actuaciones, estas no fueron objeto de un análisis del que se derivaran conclusiones fundadas que determinaran la consumación de los delitos y la participación de las personas acusadas. Ello evidenció el actuar parcializado de la autoridad judicial, y configuró una vulneración a los derechos a contar con decisiones judiciales debidamente motivadas y a la presunción de inocencia.
B. Derecho a la igualdad y no discriminación, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación y libre determinación de los pueblos indígenas y tribales
La Corte consideró que la violación al derecho a la igualdad y no discriminación se produjo por el "sesgo discriminatorio", fundado en "estereotipos étnicos", con que actuó el ministro en visita a lo largo del trámite de la causa judicial, al formular la acusación y al emitir la sentencia que declaró la responsabilidad penal de las personas acusadas, lo cual fue reconocido por Chile en el proceso internacional.
Asimismo, el Tribunal determinó que fue vulnerada la libertad de asociación ante la actuación arbitraria, parcializada y discriminatoria de la autoridad judicial que asumió, sin fundamento alguno y en aplicación excesiva del Derecho Penal, como ilegítima y "al margen de la ley" la integración y el funcionamiento de la organización Consejo de Todas las Tierras, por medio de la cual las víctimas perseguían la realización de objetivos comunes, concernientes a la reivindicación de su identidad y derechos como miembros del Pueblo Mapuche.
De igual manera, la acción de la autoridad estatal conllevó negar la libertad de pensamiento y de expresión a las víctimas, individualmente consideradas, y en su ejercicio colectivo por medio de la organización Consejo de Todas las Tierras. Ello ocurrió, entre otras razones, al haber identificado como indicios de una actuación al margen de la ley, los siguientes: el hecho de haber discrepado del parecer de funcionarios del Estado o, incluso, emitir juicios de valor acerca de sus opiniones o actuaciones; haber creado un emblema y una bandera para expresar una identidad étnica, y contar con un periódico y radio propios.
La Corte recordó que las protestas y manifestaciones pacíficas cumplen un rol importante en un sistema democrático, pues conllevan la movilización de personas para hacer valer sus reclamos y demandas de forma que potencialmente puedan influenciar en la formulación o
transformación del quehacer estatal. El Tribunal consideró que las acciones de ocupación o toma de inmuebles efectuadas de manera colectiva por las víctimas, a fin de demandar y exigir soluciones a los reclamos permanentes relacionados con la problemática agraria que ha afectado al Pueblo Mapuche, configuraron actos de protesta social, desarrollados en ejercicio de los derechos de reunión, de libertad de pensamiento y de expresión, de libertad de asociación y de libre determinación de los pueblos indígenas y tribales.
Todos esos elementos no fueron siquiera analizados en el marco del proceso penal instado contra las víctimas. Más aún, las autoridades no proveyeron mecanismos adecuados de solución y atención a las demandas. Por el contrario, criminalizaron la protesta social, a través de una aplicación inadecuada y excesiva, e incluso parcializada y discriminatoria, del Derecho Penal a las acciones de reclamo y expresión de las demandas y reivindicaciones emprendidas, de modo que se limitó y sancionó penalmente el ejercicio legítimo de derechos protegidos y garantizados por la Convención.
IV. Reparaciones
La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:
A) Medidas de restitución: el Tribunal dispuso que si alguna de las víctimas o sus familiares, en el caso de que aquella hubiere fallecido, requieren que se deje sin efecto la sentencia condenatoria, deberán solicitarlo así al Estado. Una vez que se hayan recibido dichas solicitudes, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para promover o poner a disposición, en favor de dichas víctimas, un recurso o emitir una decisión para dejar sin efecto la sentencia condenatoria. Por su parte, Chile deberá eliminar de los registros públicos los antecedentes penales, policiales y cualquier otro que, a la fecha, se encuentren consignados con relación a la causa penal objeto del proceso internacional.
B) Medidas de satisfacción: el Estado deberá cumplir las medidas siguientes: a) realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso, el que deberá ser difundido a través de medios de comunicación y contar con interpretación simultánea al idioma mapudungun; b) publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, tanto en español como en idioma mapudungun; c) dar publicidad, en ambos idiomas, al comunicado de prensa oficial y a la Sentencia, y publicar esta última en un sitio web oficial, y d) dar publicidad a la Sentencia de la Corte en las cuentas de redes sociales correspondientes al Poder Judicial, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Gobierno Regional de La Araucanía.
C) Garantías de no repetición: el Estado deberá cumplir las medidas siguientes: a) proceder a la adecuación normativa del artículo 454 del Código Penal, cuya regulación presume como autor del delito (hurto o robo) a quien tenga en su poder el respectivo bien, en el sentido de suprimir la referida presunción legal, y b) continuar implementando planes de capacitación con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas, los que deberán ser permanentes y dirigirse a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía.
D) Indemnizaciones compensatorias y reintegro de costas y gastos: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales, y costas y gastos.
La Jueza Nancy Hernández López y el Juez Humberto Antonio Sierra Porto dieron a conocer sus votos parcialmente disidentes. El Juez Rodrigo Mudrovitsch y el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot dieron a conocer su voto conjunto concurrente y parcialmente disidente.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.
El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:
https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/serie-c/sentencia/1048554193.
Santiago, 11 de abril de 2025.- Conforme con su original, Claudio Troncoso Repetto, Director General de Asuntos Jurídicos.
Ti Corte Interamericana norümchi zugu
Huilcaman Paillama ka pu Mapuche feypintukufi ta Chile ti weza zugu mew
Mari Pura konchi kunio küyen epu waragka epu mari meli txipantu mew norümgechi zugu
Püchi tukulpan chumechikunugen tüfachi norümün zugu
Mari Pura konchi kunio küyen epu waragka epu mari meli txipantu mew ti Corte Interamericana Derechos Humanos pigelu feypi tañi wezakunun Chile tañi wezakafiel ta pataka küla mari kechu Mapuche tañi wiñolgetual taiñ mapu pi rumelu egün. Tüfachi Mapuche txokiñche waragka aylla pataka pura mari aylla ka waragka aylla pataka aylla mari epu rupachi txipantu mew. Fey txawülüwi tüfachi pu Mapuche tañi wiñolegetuafel taiñ muntuñmagechi mapu.
Ti Corte Interamericana feypi feychi ti mülechi ministro pekelu famechi zugu Chile mew feypintukufi ti pu Mapuche tañi wezakunun ka tüfachi wünen feypintukun mew ayentugey ta pu Mapuche falintugelay tañi kisu txawülüwün yegün ka falintugelay ti txokiñche. Ka tüfachi zugu mew wülgey küñeke garantía legal pigechi zugu fey tüfa feypi: a) Chew rume kimelgelayay tüfachi zugu; b) Ka gelay küñe rulpazugufe kimlu ta mapuzugun tüfachi sentencia mew fey ta küñe che feypintukugelu re mapuzugukey. Re wigkazugun mew amulgey ti sentencia; c) Ka ti sentencia pilay tukulpayalu chumelu ñi feypintukugen kayu che; d) ka epu che konkülelafuy ti feypintukun mew welu püresuntukugeygu müten; e) Feypintukugeygün tañi txawülüwün mew tañi femrumen yegün welu famechi zugu ta chem che rume pepi femafuy; f) ta küñeche feypintukugele tañi küpa weñen ta kisu tañi mapu welu kisu tañi mapu fel; g) tüfachi sentencia rüf nielafuy ta chemu tañi feypintukuafiel ti pu Mapuche welu femigün müten.
Ti tribunal feypi ta tüfachi sentencia tañi wezakunun, feypintukunoafulu ta tüfachi pu Mapuche re tañi feypin mew egün ta chumelu tañi wezalkalen yegün muntuñmagelu tañi mapu yegün. Kisuegün pu Mapuche ta feypintukuafulu yegün tañi wezarupa rupa gen famechi zugu mew welu allkütuñmagelaygün chumelu tañi femeken yegün.
Feymu tüfachi Corte feypi ta chem zugu mew ta wezakunufi ta pu Mapuche: a) Ti pataka küla mari kechu che feypintukufemgeygün welu tribunal imparcial mew femgelaygün ka pürüm wezakunuymün pigeygün pepi igkawlaygün tañi chumelu ñi femeken yegün, tañi pepi txawülüwal yegün, tañi ayentugenoam ka che reke tañi normageam yegün, tañi pepi kisugünewal famechi zugu mew pu Mapuche ka kom wünen ke che mülekelu tüfachi mapu mew; b) ti pu che Nelson Rolando Catripan Aucapan, Ceferino Oscar Huenchuñir Nahuelpi, Werneher Alfonso Curín Llanquinao, Victor Manuel Reiman Cheuque, Orosman Ernesto Cayupan Huenchuñir ka Lorenzo del Carmen Reiman Muñoz niefuygün ta derecho tañi allkütugeal yegün; c) Juan Bautista Garcia Catriman ka Juan Humberto Traipe Llancapan niefuy ta derecho tañi allkütugeal tañi feypigeafel ta chumelu tañi feypintukugen, tañi elugeafel ta antü tañi kintual yegün tañi igkawafiel yegün; d) Juana Santander Quilan niefuy ta derecho tañi kellugeal küñe rulpazugufe mew kimlu ta Mapuzugun ka wigkazugun tañi feypigeal ta chumechikunugeal ti zugu; e) Aucan Huilcaman Paillama, Ernesto Geronimo Huenchulay Cayuqueo, Erwin Llancao Huenchual, ka Maria Luisa Ladino Alian tañi müleafel ti principio de legalidad pigelu, ka; f) Hugo Genaro Catrinao Reiman, niefuy ta derecho presunción de inocencia ka ti principio de legalidad. Femechi mew ti estaw üpülkunuy ti artículo 8.1, 8.2, 8.2 a, 8.2.b), 8.2c), 8.5, 9 , 13.1, 13.2, 15, 16.1,16.2, 24, 25.1 ka 26 konkülelu ti Convención Americana mew Derechos Humanos zugu mew tañi yamgeal ka pünegeal kom tüfachi zugu wirikonkülelu ti articulo 1.1 mew. Ka famechi zugu mew ti estaw yamlay ti articulo 8.2 ka 9 tañi feypintukugen ti pu che tañi txawülüwrumen ka feypintukufemgen yegün. Tañi chempilefel ti articulo 2 mülelu ti tratado mew.
I. Wezakunun tüfachi zugu mew pi Chile
Chile feypi ñi wezakunun tüfachi zugu tüfachi zugu mew; a)ti Ministro konlu tüfachi zugu mew üpülkunuy chumelu ñi femken ti pu Mapuche tañi zuamfel yegün tañi yamgeal ta ka ñi chumechi norümken tañi zugu yegün ka chumechi ñi txawülüwken ti pu Mapuche; b)Ti autoridad ñi feypirumen tañi chew no rume kimelgeal tüfachi zugu chem pegelzuguwe no rume; c) ti Ministro ñi feypintukufiel ti Universidad mew Aucan Huilcaman tañi chumelu ñi prüsentukugen; d) tañi tukulpagenon tañi zuamgen küñe rulpazufe kelluafilu tip apay Juana
Santander Quilan tañi kim wigkazugunon mew; e) tañi feypinon ti juez tañi chumelu ñi fepypintukugen ta Nelson Rolando Catripan Aucapan, Ceferino Oscar Huenchuñir Nahuelpi, Werneher Alfonso Curin Llanquinao, Victor Manuel Reiman Cheuque, Orosman Ernesto Cayupan Huenchuñir ka Lorenzo del Carmen Reiman Muñoz; f) Ti condena amulgen ta Juan Humberto Traipe Llancapan ka Juan Bautista Garcia Catriman mew ti delito de usurpación mew welu tukulgelafuygu ti kagelu feypintukun mew; g) tañi feypintukugen yegün ti delito de usurpacion mew ka ti asociación ilicita mew tañi üpülkunugen ti rüf zugu mew ñi femeken yegün.
Famechi zugu mew ti estaw feypi ñi wezakunun yegün ti zugu ti pu Mapuche mew üpülkunulu ti estaw ti derecho tañi kom pu che ñi nien küñe zugu ka ti ayentugenoam ti pu che. Tañi müleal ti juez imparcial gealu. Tañi allkütugeal yegün ka tañi nieal seguridad jurídica yegün, tañi müleafel küñe rulpazugufe kellufel ti pu che kim wigkazugunolu ka tañi wüne gütxamkageafel yegün chumelu ñi feypintukugeal yegün, tañi amulgeal tüfachi zugu tañi kimgeam, ka yamgeal azno kalele ti rakizuam tañi feypial ti pu che chumelu tañi kalen ñi rakizuam.
Ti Corte falintufi tañi femün ta Chile mapu tañi feypin tañi wezakunun. Famechi mew zoy küme amukey ka küme norümgeal ta che kümey pi ti Corte ka famechi zugu mew müley tañi niegeal küñe reparación ta kom pu che mew weza feypintukugelu yegün.
II. Chumechi rupan ti zugu
A. Pu Mapuche ñi chem zugu mew ñi rupaken
Chile mapu mew müley fillke wünen ke che mülekelu mapu mew petu tañi muntuñmagenon. Müley ti pu Mapuche feytachi pu che Mapuzugukey ka zoy alüley kake pu che mew.
Kom ti Pueblo Indígena müleyelu Chile mew fillke wezake zugu mew rupakeygün pepi kisu amulkelaygün tañi kimün ka yamgekelaygün. Ti pu Mapuche nielaygün küñe reconocimiento tañi mapu mew feymu pu Mapuche feypintukukefigün ti estaw tañi allkütugeam yegün ka norümgeafel ti weza zugu.
B. Chem zugu rupay 1989 ka 1992 rupachi txipantu mew
Petu tañi konpatun ti democracia zugu küñe konchi diciembre küyen waragka aylla pataka pura mari aylla txipantu mew tañi petu nentun ti campaña tañi presidentegeam Patricio Alywin pigelu nentuygün küñe koyagtun Nueva Imperial pigelu. Fey tüfachi gütxam mew tukulpagey fillke zugu nien ta pu Mapuche tañi norümgeyeal welu kom pu Mapuche konlay tüfachi txawün mew feymu ti pu Mapuche kon-nolu fey ta kake rüpü inaygün tañi allkütuñmageam ti wezake zugu zuamfulu norüm.
Waragka aylla pataka aylla mari txipantu mew zewmagey küñe txokiñche aukiñ Wallmapu Ngulam pigelu fey ta Nacion Mapuche mew zugu mu ta zewfuy. Fey ta niey ta fillke ziam tüfachi txokiñche wünelumu ti estaw müley tañi feypial ta mülen ta pu Mapuche tüfachi mapu mew piley ka wiñolgetual ta mapu muntuñmagepalu ta pu Mapuche piley.
Waragka aylla pataka aylla mari txipantu mew kechu pataka txipantugetuy ñi akun ta Cristobal Colon ta tüfachi mapu mew feymu kake zugu ka feypintukuy pu Mapuche. Femechi zugu mew küla mari ka küla mari küñe antü mew marsu küyen ka küñe ka epu konchi abril küyen zewmagey Wallmapu nor Ngulamtuwün fey ta primer tribunal Mapuche pigefuy fey ta zewmagey tañi pegelal chem wezake zugu mew rupaken pu Mapuche.
Ta chem zugu ta zuamnen ti txokiñche aukiñ Wallmapu Ngulam ti antü mari kayu ka epu mari konchi kunio küyen, waragka aylla pataka aylla mari epu txipantu mew konigün fillke inmueble müleyelu Araucania mapu mew. Fey mu ti pu soltaw fillke zugu nentuygün, kechaentufigün pu Mapuche ka küñeke püresuntukufigün ka feymu ti intendente mülelu araucania mapu ka kake órgano jurisdiccional müleyelu feypintukugepe pu Mapuche pigün.
C. Chumechi nürüftukugi pu Mapuche feypintukugelu
Kunio küyen waragka aylla pataka aylla mari epu txipantu mew ti Intendente mülelu Araucania mapu mew feypintukuy pütxün zugu tañi nürüftukugeal pu Mapuche. Wünelu ti Mapuche txokiñche müley ta weñefe ke che ka weñegepachi che pi ka küñe mesias reke ta küpa
norümigün ta zugu pi. Ka ti nación Mapuche fey ta gelay pi ka küpa muntuñmafigün ta mapu ta pu che zew mülelu ta feychi mapu karukatu fel pi. Kom tüfachi weza zugu rupay waragka aylla pataka aylla mari küñe ka waragka aylla pataka aylla mari epu txipantu mew.
Epu mari küla konchi kunio küyen 1992 txipantu mew ti Corte Suprema üytuy küñe ministro tañi norümam tüfachi zugu.
Epu mari meli konchi kunio küyen 1992 txipantu mew ti Ministro llowfi kom ti feypintukun feymu fillke zugu amuli. Wünelumu tañi malütugel kom tañi nien ti txokiñche aukiñ Wallmapu Ngulam mülelu Temuko mew. Meli konchi diciembre küyen 1992 txipantu mew ti ministro feypintukufi ta pataka küla mari küla Mapuche tañi weñen, wezakunun fillke zugu yegün.
Mari küñe konchi marsu küyen 1993 txipantu mew ti Ministro famkunugeay ti zugu pi: a)pataka küla mari küla che püresuntukugeaygün pi tañi küpa weñefiel ta mapu; b)Meli che ta püresuntukugeay ta asociación ilicita mew; c) epu che desacato mew feypintukugeygu; d)kechu che ta weñen zugu mew; ka e)epu mari küla che ta feypintukugeygün ta delito de encubrimiento mew.
Ka ti sentencia feypi ti txokiñche aukiñ Wallmapu Ngulam tañi zewmagen ka yamnolu ti chileno ley. Kom ti pu che püresuntukugelu fey amulfuygün ti recurso de apelación welu llowgelay ti Corte de Apelaciones Temuko mew kayu konchi septiembre küyen 1994 txipantu mew. Famechi mew txipay ti wünen fallo tüfachi sentencia mew.
III. Chumkunugey tüfachi zugu
A. Derecho mülefuy ti presunción de inocencia mew ka garantia judicial mew.
Ti Corte Interamericana feypi ti üytugechi Ministro mew Corte Suprema mew rekülüwi ti normativa procesal interna mew ka kom ti zugu mew feypintukufilu pu Mapuche müley ti norüm zugu chileno ley mew.
Welu ti Corte Suprema norümi ti zugu welu feypilay chumelu ñi femechi norümfiel ti zugu. Ka ti Ministro feypilay chumelu ñi llowfiel kom ti zugu ka üpülkunufiel fillke rüf zugu ñi petu rupan Wallmapu. fey mu epuñpüle ti Corte Suprema ka ti Ministro küme norümlaygün tüfachi zugu.
Ti tribunal feypi ti Ministro üytügelu norümal tüfachi zugu tukulpalay chumelu ti Mapuche txokiñche ñi femün. Re ley chilena müten pünefemi feymu tüfachi pu che re ilegal zugu nentuygün pi. Ka femechi mew ti autoridad judicial nülafi t aka chumelu ñi petu kewan pu Mapuche, chem zugu ñi zuamnefel egün re küpa muntual ta mapu ta ayituygün pituygün. Feymu ti Corte feypi tüfachi zugu mew ti Ministro llowi feypintukun ka pürüm norümfemfi ti zugu. Allkütulafi ti pu Mapuche feymu imparcialgey ka müley ti ayentun ka yamgenon ti pu Mapuche feymu fütxa zugu mu tukukunugetuygün.
Ti Corte feypi ti Ministro feypilay chumelu kayu che feypintukunugelu azkintuñmagelay ñi zugu yegün ka elugelaygün antü tañi kintual igkachefe fey elugelaygün ti protección judicial elugekelu kom che famechi zugu mew puwle.
Ka famechi mew ti Tribunal feypi epu che mew püresuntukugelu tañi tukulgenon yegu ti feypintukun mew ka elugelaygün antü ka femechi tañi igkawam yegu.
Ka ti papay kim wigkazugunolu kintulgelay ta rulpazugufe fey mu kimlay rume ta chumechi ñi amun tüfachi zugu fey ta elugelay ta garantía procesal ka pepi igkawlay rume. Ka ti asociación ilicita zugu mew kimfaltulay tañi weza zugugen. Chem che rume ta küpa txawülüwle ta femafuy welu tüfachi txokiñche re kewan zugu ta witxañpüramal mew ta femigün pigetuygün feymu ta ayentugetuygün reke feymu ta püresuntukugeygün.
Ti usurpación zugu mew kay ti Tribunal ta gelay ta vulneración ti principio de legalidad mew pi fey konküley ti articulo 9 Convencion mew pi.
Ti hurto zugu mew kay ti Corte feypi wünelumu ti che feypintukugelu ñi weñen zugu mew petu ñi rüf kimgenole ñi femün pürüm norümfemgelayafuy tüfachi zugu welu tüfachi zugu mew pürüm norümfemgey ti zugu welu rüf femgekelafuy azno pegele ka rüf kimgele ñi weñen ti che fey wüla püresuntukugeafulu.
Fey ti Tribunal feypi norümgelu tüfachi zugu ti Ministro üytuy pütxüken zugu ka tañi chumechikunufiel ti zugu welu chuchi zugu mu no rume küme azkintugelay ka matu matu kunufemgi tañi norümgeal ka kimgetulay rume ñi rüf femfun ti Mapuche txokiñche kom ti zugu
mew ñi feypintukugen egün. Fey tüfachi zugu mew newe küme küzawlay ti autoridad judicial ka üpülkunufi ti fillke norüm mülelu tañi feypintukugeal ta pu che chem zugu mew rume.
B. Küñe norüm müten nieal ta kom pu che chem zugu mew rume feypintukugele, ayentugenoal, müley tañi pepi nieal tañi rakizuam, pepi txawülüwal, pepi zewmayal ta txokiñche, ka kisugünewal tañi chumechi amuleal tañi mogen yegün.
Ti Corte feypi elugenolu ti pu Mapuche tañi konal ti norüm mew kom pu che tañi nieal azno feypintukugele chem zugu mew rume ka tañi ayentugenoam ti Ministro wezakunuy famechi mew ti pu che feypintukufemgey fey mew Chile femi tati pi tüfachi proceso internacional zugu mew pigelu wigka kimün mew.
Ka famechi zugu mew ti Tribunal feypi ñi yamgenon tañi pepi zewmayal txokiñche yegün ka goymaentugey reke ti rüf norümün zugu mülen famechi zugu mew. Ti txokiñche aukiñ Wallmapu Ngulam zewmagey tañi feypintukugeal ti Chile Estaw tañi norümafiel ti wezake zugu mülelu pu Mapuche tañi muntuñamgen tañi mapu yegün.
Ka feytachi zugu mew tañi chumkunun tüfachi zugu ti Ministro wülnon ta zugun tañi wülal rakizuam ti pu Mapuche elulafi ta chem küme pin no rume tañi küme norümgeafel ti zugu. Üpülkunufi ti pu kimün ka norüm tañi igkageafel ti pu Mapuche. Ka kisu tañi rakizuam mew müten norümfi ti zugu tañi chem pin mew ka chew ñi küpan ta pu Mapuche.
Ti Corte tukulpay ta chem txekñamwün rume wülkey ta rüpü tañi küme amual ti democracia. Ti pu che txekañman mew feypintukukeygün tañi chem zugu ñi wezalkalen femechi mew kakunugeketuy ta chem zugu rume ta küzawken ti estaw. Ti Tribunal feypi kontupulu ti inmueble ti pu Mapuche fey ta küñe feypintukun tati ñi rüf chumlen yegün, küpa txawülüwle yegün ta femafuygün müten.
Kom tüfachi zugu türpu tukulpagelay rume feychi nügelu ti pu Mapuche ka elugelaygün küme rupan feytachi zugu mew re wezakageygün feypintukufemgeygün re wezake zugu mew. Kisu yegün llemay zoy nielu newen wigka kimün mew fey ta nürüftukunugepegün müten pigeygün. Pepi kintulaygün rume igkachefe. Pepi zugulaygün rumeta chumelu ñi femeken yegün.
IV. Norümün zugu
Ti Corte feypi ta nentun fewla ti norümün zugu tüfachi weza zugu mew fey ta tüfa küñe reparación tati pi. Fey mew amuli tüfakechi zugu:
A) Wiñoltun küñeke zugu: Ti Tribunal feypi azno lhale ti che feypintukugekelu fey tañi pu reñma feypiafuy ti estaw tañi mülewetunoal tüfachi sentencia. Mogelele ti che kay feypintukugelu fey ta mülewetunoalu chem antecedente penal no rume ka chem zugu rume konkelu tüfachi weza zugu mew.
B) Kimfalgeachi sentencia: ti estaw müley tañi femal tüfakechi zugu: a) müley tañi nentual küñe acto de reconocimiento fey ta müley tañi amulgeal kom pegelzuguwe mew ka müley tañi kimelgeal epu kewün mew, wigkazugun ka Mapuzugun mew; b) Pegelgeal ti püchi tukulpan tukulpalu ti sentencia küñe pegelzuguwe azkintukelu pütxüken che. Mapuzugun mew ka wigkazugun mew; c) Pegelgeal epu kewün mew wigkazugun ka mapuzugun mew tañi amulgeal ti sitio web oficial mew; d) Müley tañi pegelgeal ti sentencia kom redes sociales mew nieyelu ti poder judicial ti ministerio del interior ka seguridad publica ka ti gobierno regional mülelu Araucania mapu mew.
C) Tañi ka wiño femgewenoal ta pu Mapuche: ti estaw müley tañi nentual tüfakechi zugu: a)Malütugeal ka kakunugetual ti articulo 454 Codigo Penal mew konkülelu feyta feypiley iñigen ti che weñelu kam muntulu chem rume tañi nieal ti norüm feypilelu tañi pürüm feypintukufemgenoal. Ka b) Amulnegeal ta kimeltun ta pu che tañi kimal tañi chumechi yamafiel ti pu Mapuche kam kake wünen ke che mülekelu tüfachi mapu mew.
D) Elugeal ta ran ta pu Mapuche kom rupalu tüfachi wezake zugu mew: ti Estaw müley ñi kullial ran ta chumte pilen ti sentencia mew kom wezake zugu mew rupalu pu Mapuche.
Ti pu norümzugufe Nancy Hernandez Lopez ka Humberto Antonio Sierra Porto feyta egu müten newe txürlay rakizuam kake norümzugufe mew. Ti pu norümzugufe Rodrigo Mudrovitsch ka Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot ka tüfa egu newe txürlay rakizuam rakizuam kom ti norümün zugu mew.
Ti Corte inayafi kom tüfachi sentencia tañi küme amulgeal ka rüf nentugerpual kom ti zugu wirintukugelu tañi chumechikunugeal ti norümün zugu ti pu Mapuche mew. Fey ti Chile Estaw kom amulkunule zugu wechuay kom tüfachi norümün zugu.
Kom chem pilen ti sentencia wirikonküley tüfachi link mew:
https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/serie-c/sentencia/1048554193.